España y otros cinco países de la Unión Europea proponen la creación de una autoridad europea independiente contra el blanqueo de capitales.

Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia junto con España han firmado una declaración, que han decidido elevar al Consejo, en la que solicitan la creación de una autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que actúe de forma independiente y con competencia sobre todo el sector financiero de la Unión Europea. Así mismo, proponen la armonización de las legislaciones nacionales sobre dichas materias.

Los escándalos de los bancos ABLV (Letonia), Danske Bank (Dinamarca), ING (Holanda) o Deustche Bank (Alemania) han puesto de manifiesto, según el texto presentado, los repetidos fracasos de los organismos nacionales de control en la detección y lucha contra el blanqueo de capitales, al existir el riesgo de que los supervisores nacionales puedan verse, de forma directa o indirecta, influenciados por las entidades supervisadas o por grupos de interés.

La iniciativa presentada por estos seis países gira en torno a dos grandes medidas:

  1. La creación de un organismo supervisor independiente con autoridad sobre “todo el mercado interno y todos los operadores del sector financiero” de la Unión. De esta forma, se controlarían más efectivamente los flujos de capitales entre fronteras y mejoraría el intercambio de información entre los países miembros. El documento señala que este supervisor, aunque coordinado con los organismos nacionales correspondientes, tendría autonomía y capacidad para actuar en los países donde las “deficiencias de los supervisores nacionales fueron evidentes”, para lo que deberá contar, además de con la información necesaria suministrada por los países miembros, con un cuerpo propio de inspectores altamente cualificados en este ámbito. El nuevo supervisor podría ser un organismo de nueva creación o un organismo de control ya existente, como la Autoridad Bancaria Europea (ABE), que habría que reforzar para garantizar su independencia.
  2. Paralelamente, el documento insta a armonizar mediante una regulación comunitaria que sea vinculante y de aplicación directa, la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en lugar de hacerlo mediante nuevas directivas, cuyas transposiciones pueden generar asimetrías y fisuras regulatorias. Así, todos los países tendrían que operar con idénticas normas, lo cual contribuiría a reducir las diferencias entre supervisores nacionales.
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